El otro rostro del Gran Poder: fe, negocio y los costos que la fiesta no siempre muestra
Detrás del despliegue coreográfico y religioso del Gran Poder existe una cara menos visible de la fiesta: muertes, dinero sin control, acoso y niños en riesgo.
La entrada de Jesús del Gran Poder es una de las expresiones de fe y arte popular más potentes de Bolivia: miles de bailarines, trajes que son verdaderas obras textiles, y una devoción capaz de movilizar a toda una ciudad. Pero detrás del despliegue coreográfico y religioso existe una cara menos visible de la fiesta, documentada por medios bolivianos, autoridades municipales y estudios sociológicos, que merece ser mirada de frente.
Muertes y excesos que se repiten cada año
El consumo desmedido de alcohol durante y después de la entrada ha dejado un patrón recurrente de tragedias. En una de las versiones recientes, la fiesta dejó dos fallecidos y decenas de personas lesionadas por consumo excesivo de bebidas alcohólicas: un hombre de 43 años y una mujer de 22 años murieron tras la entrada. La mujer falleció al caer de un vehículo en movimiento en la zona de Achachicala, con un fuerte golpe en la cabeza, mientras que el hombre cayó al vacío desde unos tres metros de altura en estado de ebriedad. La responsable de la Unidad de Emergencias de la Alcaldía de La Paz reportó además 23 casos por consumo excesivo de alcohol y otras dolencias, con bailarines afectados por presión alta, convulsiones y problemas musculares tras la entrada.
El patrón no es aislado. En otra edición, el exceso de alcohol dejó nuevamente dos muertos, cinco heridos y dos intoxicados: un hombre de 45 años murió por un traumatismo craneoencefálico severo al caer de un piso en su domicilio, y una joven de 21 años falleció tras caer de un vehículo en movimiento. Año tras año, la crónica policial repite casi el mismo guion.
El otro costo: millones de dólares y opacidad financiera
El Gran Poder mueve una economía paralela de dimensiones considerables. Solo el día de la entrada, la fiesta puede movilizar hasta 60 millones de dólares, con cerca de 65.000 bailarines participando. Sin embargo, esa riqueza convive con una fuerte opacidad. Los «fraternos» no suelen revelar cuánto gastan, y existe un celo estricto para sancionar a quienes divulgan cifras y detalles internos de las fraternidades.
El peso recae de forma desproporcionada en los llamados pasantes, las parejas que asumen la organización anual de cada fraternidad, trabajando prácticamente «a fondo perdido», además de cumplir el requisito de ser matrimonios con «familias ejemplares».
Una investigación periodística calificó directamente esto como «el lado oculto» de la fiesta: las juntas de pasantes de las morenadas gastan entre 50.000 y 120.000 dólares en la fiesta principal, pero recuperan lo invertido —e incluso obtienen ganancias— a través de «negociados» durante toda la gestión. Expasantes revelaron además que aspirar al cargo puede implicar pagos informales a los fundadores de una fraternidad, montos que superarían los 5.000 dólares.
«Una estética de la abundancia» en la que la fiesta funciona también como plataforma de negocios, prestigio y redes sociales, donde compadres, comadres y ahijados tejen cadenas comerciales completas a partir de la devoción al ‘tatita’ del Gran Poder.
Acoso hacia las mujeres que bailan
Otra dimensión menos discutida públicamente es la violencia machista que enfrentan las propias bailarinas durante la entrada. Un reportaje de La Razón documentó que cholitas, chinas morenas y figuras de caporal denunciaron sufrir acoso y violencia verbal por parte de espectadores varones durante el recorrido, con piropos que iban de lo «suave» a lo abiertamente «subido de tono». El propio reporte señaló que la violencia verbal se intensificaba conforme avanzaba la jornada, a medida que buena parte del público masculino se embriagaba.
Los hombres asumen el «derecho» a acosarlas por su vestimenta, y eso es producto del machismo.
La seguridad de los menores: un riesgo que las propias autoridades reconocen
Un punto que rara vez se discute abiertamente es la exposición de niños, niñas y adolescentes durante la fiesta, ya sea como parte de los bloques infantiles de las fraternidades o como acompañantes de familias en el recorrido. La evidencia más contundente de que existe un riesgo real no viene de una denuncia, sino de las propias medidas que el municipio de La Paz se ve obligado a desplegar cada año.
La Alcaldía instala carpas para la atención y resguardo de menores de edad que pudieran extraviarse durante la entrada, con puntos de intervención distribuidos a lo largo de todo el recorrido. El propio director de Seguridad Ciudadana ha tenido que recordar públicamente que «está prohibido consumir bebidas alcohólicas en compañía de menores de edad», y que el personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia remite a la Línea 156 los casos que detecta en flagrancia. Esta advertencia explícita —repetida edición tras edición— sugiere que la convivencia de niños con el consumo masivo de alcohol en el entorno de la fiesta es un problema recurrente, no una hipótesis aislada.
Es importante ser transparentes sobre los límites de la información disponible: a diferencia de las cifras de fallecidos adultos por consumo de alcohol, no existen reportes públicos consolidados que detallen cuántos menores resultan intoxicados, extraviados o afectados cada año. Lo que sí es verificable es que las autoridades municipales consideran ese riesgo lo bastante serio como para desplegar, año tras año, una infraestructura específica de protección infantil en medio de la fiesta, algo que por sí solo constituye una señal de alerta que merece más atención periodística de la que recibe actualmente.
Basura y un evento que se sostiene entre la crisis
El impacto ambiental también deja cifras concretas. Un informe del Sistema de Regulación Municipal de La Paz (Siremu) detalló que la entrada de 2022 generó 30,88 toneladas de residuos, y la de 2023, 25,49 toneladas.
A esto se suma un contexto de fragilidad institucional: en 2025, la propia Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder debió responder públicamente ante el pedido del alcalde de La Paz de postergar la entrada, luego de la muerte de cuatro policías y un comunario durante operativos de desbloqueo en el país.
Una fiesta que sigue siendo, también, otra cosa
Nada de esto anula el valor cultural, religioso y artístico del Gran Poder, ni la legitimidad de la fe que mueve a decenas de miles de personas cada año. Pero una cobertura honesta de la festividad no puede limitarse al brillo de los trajes y la coreografía: exige mirar también los cuerpos que colapsan por el alcohol, el dinero que circula sin control, las mujeres que bailan bajo acoso, los niños que la propia Alcaldía se prepara cada año para tener que resguardar, y los residuos que la ciudad debe limpiar al día siguiente. Reconocer esa tensión —entre devoción genuina y una economía festiva que también produce daño— es parte del trabajo de cualquier periodismo cultural que se tome en serio a Bolivia.
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